Los consultores de Valora ETL Global (Burgos), mentores del programa Emprendedores de Fundación Caja de Burgos, aplauden algunas medidas publicadas durante el estado de alarma como el aplazamiento de ciertos impuestos, las prestaciones a trabajadores autónomos o la ampliación de plazos en los ERTEs. Sin embargo, tras meses de trabajo lidiando con la realidad empresarial, proponen nuevas normas que, a su juicio, ayudarían a la recuperación económica de las pymes: una aplicación efectiva y ágil de la normativa concursal, la deducción de las inversiones realizadas para adaptar a las plantillas al teletrabajo o garantizar una mayor seguridad jurídico-laboral de las empresas son algunas de ellas.
8 de julio de 2020
Colabora: Valora ETL Global
Poco a poco, las empresas de Burgos han retomado su actividad y aprenden a vivir con la incertidumbre. La preocupación ante posibles rebrotes hace que estén extremando las precauciones. Los temores sobre la rentabilidad de sus negocios a corto plazo hacen que las empresas “actúen con cautela ante lo que un futuro inmediato puede deparar”. Así define el director fiscal de Valora ETL Global, Emiliano Rodríguez del Olmo la realidad que están viviendo muchos autónomos y empresas de la provincia.
Sin embargo, es tiempo de hacer balance. Detectar lo que ha funcionado y lo que se podría mejorar desde las administraciones e instituciones públicas para reactivar la economía tras la crisis del coronavirus.
Para la consultora Valora ETL Global las medidas públicas más aceptadas por el tejido empresarial, y en su opinión, más efectivas durante la pandemia han sido el aplazamiento en algunos plazos de impuestos del primer trimestre, modificaciones contractuales ex estado de alarma, ampliación de plazos para ERTE, y las prestaciones recibidas por autónomos que han visto cerrado su negocio tras el decreto de estado de alarma.
También han detectado vacíos. Tras meses de trabajo lidiando con la realidad empresarial, los expertos proponen nuevas medidas encaminadas a sanear la tesorería y reactivar de la actividad empresarial:
- Recortar el periodo de seis a tres meses del vencimiento de una factura para que la pérdida por impago sea deducible para el emisor
- Deducción de las inversiones de las empresas para la adaptación de sus plantillas al teletrabajo (seguridad y salud de los espacios de trabajo y negocio)
- Favorecer la tributación de los beneficios de 2019, y de 2020 y siguientes en caso que existan, que no se repartan como dividendos y se queden en la empresa para mejorar la liquidez y capitalización por la situación presente y futura.
- Aplicación efectiva y ágil de la normativa concursal, tanto en mercantiles como personas físicas
- Proporcionar mayor seguridad jurídico laboral a las empresas que facilite la toma decisiones adecuadas a medio largo- largo plazo. Para ello, los agentes sociales demandan un mayor diálogo y participación de la administración en las dudas relativas a la implantación de las medidas Covid19 (especialmente en el ámbito laboral), y una mayor claridad por parte de los legisladores.
PRINCIPALES CONSULTAS DE LAS EMPRESAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
“En los primeros meses, el constante goteo de información sobre ayudas y subvenciones por parte de las administraciones públicas ha estresado al tejido empresarial, independientemente del tamaño de la empresa. Ha sido complicado de seguir hasta por nosotros”, confiesa el director fiscal de Valora ETL Global.
Gran parte de las consultas recibidas durante las primeras semanas del confinamiento se centraban en el cobro de alquileres o negociación entre arrendadores y arrendatarios de locales comerciales, así como la exoneración o rebaja del pago de arrendamientos en locales comerciales”, expone Rodríguez del Olmo.
En materia laboral, los constantes cambios sobre la situación de los trabajadores de un ERTE acapararon muchas preguntas entre las empresas de mayor tamaño, así como los traslados de trabajadores a otras provincias por imperativo laboral.
“En general ha habido mucha falta de información sobre los efectos de las condiciones de reincorporación a sus puestos de trabajo, y período máximo de duración de los ERTEs, así como las nuevas relaciones laborales empleador-empleado”, explica el economista.
En materia legal, las deudas pendientes originadas por el estado de alarma, los contratos financieros y nuevos créditos, los concursos, la ley de segunda oportunidad o las reestructuraciones laborales han sido las principales consultas, según los datos recabados por la consultora.
Desde el ámbito de la gestión empresarial, el asesor destaca que gran parte de las dudas recabadas durante la crisis sanitaria por coronavirus se han centrado en la liquidez de los negocios.
Asimismo, en este periodo, las empresas han compartido sus inquietudes sobre el cambio de tendencia hacia los canales de compra online. Desde la pandemia, las pymes se han mostrado mucho más receptivas a acelerar sus planes de transformación digital para conseguir ventas por este canal y amortiguar, así, la caída de los ingresos tras el impacto del Covid19. (ver conclusiones de la Encuesta Pymes para la Recuperación de Fundación Caja de Burgos).
NUEVA NORMALIDAD
Desde que el pasado 21 de junio finalizara el estado de alarma, las empresas han recurrido a los consultores para resolver cuestiones ya tramitadas como el replanteamiento de ERTEs, o prestaciones para trabajadores autónomos. Las posibles situaciones de insolvencia, plazos de presentación / liquidación de impuestos y situaciones contractuales especiales con proveedores y acreedores son otras de las cuestiones más planteadas entre el colectivo empresarial.
